/ miércoles 4 de agosto de 2021

Despresurizar los empleos

El tema de la subcontratación laboral ha sido ampliamente discutidos en los últimos dos años. Durante mi estancia en el Senado de la República, se han recibido iniciativas de reforma más o menos agresivas, desde las que quieren desaparecer por completa esa figura laboral o aquellas que han propugnado por regularla de forma más puntual para evitar excesos en contra del fisco y, desde luego, contra trabajadores.

Hace algunos meses, en el Congreso de la Unión aprobamos una reforma a la Ley Federal del Trabajo, así como a otras disposiciones en materia de seguridad social y fiscales, para prohibir la subcontratación de personal de forma genérica. En su momento argumentamos que no podríamos desaparecer de un plumazo esa práctica ya que tenía una lógica relacionada con las empresas trasnacionales que prestan sus servicios en el país. De hecho, esa figura es reconocida como una alternativa dentro del Tratado México – Estados Unidos de América – Canadá.

Lo anterior porque permite que los inversionistas extranjeros, al ingresar en el mercado mexicano, requieren de un escenario administrativo que les permita desarrollar su actividad sin preocuparse por aspectos de gestión administrativa ante autoridades laborales y de seguridad social, por lo que resulta más pertinente contratar prestadores de servicio de personal, por lo menos, en los primeros ejercicios de operación.

Con la reforma se exigió que ese servicio de subcontratación sólo se permitiera para trabajos especializados con los que no cuente la empresa en su objeto social, además de generar un padrón de prestadores de servicios especializados ante la Secretaría del Trabajo para tener un control, llevar a cabo una supervisión más directa y evitar las simulaciones para otorgar menores prestaciones a los trabajadores o evadir impuestos.

El sector empresarial formal, consciente de la precariedad laboral que sufren las y los mexicanos, comenzó con la migración de trabajadores, sin embargo, la transitoriedad del decreto, dado el alto volumen de personas contratadas en esa modalidad, no permitió que se cumplieran con todos los requisitos a estas alturas, por lo que solicitaron una prórroga para dar cumplimiento a las obligaciones.

Lamentablemente, al menos en la Cámara de Diputados, con la apertura del periodo extraordinario, ha pesado más una mayoría que el diálogo parlamentario, ya que la prórroga que bien podría extenderse hasta diciembre, se acotó apenas a septiembre, lo cual no es ni una bocanada de aire para un sector como el de pequeñas y medianas empresas que ha perdido muchísimo durante la pandemia.

Lo real es que nos encontramos en una situación económica grave por la combinación entre la pandemia y las pésimas decisiones financieras de la administración actual, por lo que buscamos que la cordura prevalezca a fin de, al menos de esta forma, dar una mano a quienes generan los empleos de este país, ya que las circunstancias no están para aumentar las cargas y perder más trabajos de los que se han difuminado por la falta de empatía gubernamental.

El tema de la subcontratación laboral ha sido ampliamente discutidos en los últimos dos años. Durante mi estancia en el Senado de la República, se han recibido iniciativas de reforma más o menos agresivas, desde las que quieren desaparecer por completa esa figura laboral o aquellas que han propugnado por regularla de forma más puntual para evitar excesos en contra del fisco y, desde luego, contra trabajadores.

Hace algunos meses, en el Congreso de la Unión aprobamos una reforma a la Ley Federal del Trabajo, así como a otras disposiciones en materia de seguridad social y fiscales, para prohibir la subcontratación de personal de forma genérica. En su momento argumentamos que no podríamos desaparecer de un plumazo esa práctica ya que tenía una lógica relacionada con las empresas trasnacionales que prestan sus servicios en el país. De hecho, esa figura es reconocida como una alternativa dentro del Tratado México – Estados Unidos de América – Canadá.

Lo anterior porque permite que los inversionistas extranjeros, al ingresar en el mercado mexicano, requieren de un escenario administrativo que les permita desarrollar su actividad sin preocuparse por aspectos de gestión administrativa ante autoridades laborales y de seguridad social, por lo que resulta más pertinente contratar prestadores de servicio de personal, por lo menos, en los primeros ejercicios de operación.

Con la reforma se exigió que ese servicio de subcontratación sólo se permitiera para trabajos especializados con los que no cuente la empresa en su objeto social, además de generar un padrón de prestadores de servicios especializados ante la Secretaría del Trabajo para tener un control, llevar a cabo una supervisión más directa y evitar las simulaciones para otorgar menores prestaciones a los trabajadores o evadir impuestos.

El sector empresarial formal, consciente de la precariedad laboral que sufren las y los mexicanos, comenzó con la migración de trabajadores, sin embargo, la transitoriedad del decreto, dado el alto volumen de personas contratadas en esa modalidad, no permitió que se cumplieran con todos los requisitos a estas alturas, por lo que solicitaron una prórroga para dar cumplimiento a las obligaciones.

Lamentablemente, al menos en la Cámara de Diputados, con la apertura del periodo extraordinario, ha pesado más una mayoría que el diálogo parlamentario, ya que la prórroga que bien podría extenderse hasta diciembre, se acotó apenas a septiembre, lo cual no es ni una bocanada de aire para un sector como el de pequeñas y medianas empresas que ha perdido muchísimo durante la pandemia.

Lo real es que nos encontramos en una situación económica grave por la combinación entre la pandemia y las pésimas decisiones financieras de la administración actual, por lo que buscamos que la cordura prevalezca a fin de, al menos de esta forma, dar una mano a quienes generan los empleos de este país, ya que las circunstancias no están para aumentar las cargas y perder más trabajos de los que se han difuminado por la falta de empatía gubernamental.

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