La Revolución Mexicana fue el fenómeno social más importante del siglo XX porque logró sumar no solo a todas las clases sociales, sino a diversos movimientos socialistas, económicos, liberales, anarquistas, populares y agrarios, cuyo objetivo inicial era derrocar a la dictadura y pesé a lograrlo, se prolongó por diez años más, ocasionando una guerra civil que llevó a México a una etapa convulsa marcada por una crisis institucional y una disputa del poder entre caudillos.
Emilio Rabasa en su libro, “La Constitución y la dictadura”, publicado en 1912, afirmaba que los mandatos de Benito Juárez y de Porfirio Díaz no habían logrado hacer prosperar a la democracia en México debido a las excesivas facultades que la Constitución de 1857 otorgaba al Congreso, con las que el Poder Ejecutivo se veía amenazado.
Al triunfo del movimiento constitucionalista de don Venustiano Carranza, el Constituyente de 1917 buscó crear una institución presidencial fuerte que evitara los excesos del Congreso y concentrara el poder para evitar una dictadura, paradójicamente, el Poder Ejecutivo absorbió facultades de los otros dos poderes y se creó lo que coloquialmente sería conocida como la Dictadura Perfecta.
A lo largo de la primera mitad del siglo XX, tal como lo señala Jorge Carpizo en “El presidencialismo mexicano” el presidente de la República fue acumulando “facultades metaconstitucionales”, es decir, que no se encontraban explícitamente conferidas en la Constitución pero que garantizaban equilibrios y sobre todo aquella tan anhelada paz social que se había perdido durante la Revolución Mexicana.
Tuvieron que pasar varias décadas desde la creación del Partido Nacional Revolucionario, hoy Partido Revolucionario Institucional, para que el partido en el poder transitara de la hegemonía a la mayoría, de la mayoría a la alternancia y de la alternancia a la democracia.
En medio de esas décadas hubo una serie de avances democráticos como la creación de los diputados de representación proporcional para darle voz a las minorías o de los organismos constitucionales autónomos que absorbieron, para ejercerlas de manera independiente al poder, facultades que otrora tenía el titular del Ejecutivo.
Es importante resaltar que el origen de este diseño Constitucional nos remite a más de cien años atrás, por lo que no podemos juzgar aquellos hechos a la luz de los tiempos modernos, como suele hacerlo el partido que hoy pareciera emular aquella hegemonía metaconstitucional que hace 50 años el país comenzó a dejar atrás.
La actual conformación de la Cámara de Diputados pareciera un capítulo más del México posrevolucionario, pues afirmar que el partido en el poder, Morena y sus aliados, con el 54% de los votos obtuvo el 72% de las curules de San Lázaro, no pareciera propio de una democracia del 2024 sino de aquel presidencialismo nacido en 1917 y que desde la alternancia en el 2000 parecía agotado.
Para ilustrar la concentración indebida del poder basta recordar que, de acuerdo con los votos obtenidos, el Partido Acción Nacional debiera ser la segunda fuerza política en San Lázaro, sin embargo, le fueron asignados menos diputados que al Partido Verde que obtuvo la mitad de los votos que Acción Nacional.
Y qué decir del Partido del Trabajo, que pasó de la última a la cuarta fuerza política en San Lázaro, pese a haber obtenido menos votos que el PRI y que Movimiento Ciudadano.
La sobrerrepresentación acecha a la democracia, porque la interpretación literal de la Constitución que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ocasionará que el México de 2024 transite hacia devolver a la figura presidencial aquellas facultades metaconstitucionales que le fueron dadas en 1917 pero que ya no responden a una República moderna y democrática.
